En los primeros días de septiembre en curso, el Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local una iniciativa de ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos.
Dicha iniciativa señala que para tener vialidades más duraderas y seguras se exigirán materiales de mayor calidad y un estricto control sobre las obras de pavimentación.
De acuerdo a la información publicada, la propuesta uniforma los criterios para construir y rehabilitar vialidades según su tipo y, de aprobarse, las autoridades estatales, municipales y el sector privado estarían obligados a hacer calles y avenidas con materiales que aporten rugosidad a la superficie de rodamiento.
Al respecto, un funcionario del Municipio de Monterrey pidió que antes de aprobar la ley se analice bien el impacto económico que traerán las nuevas disposiciones no sólo para los gobiernos, sino para las empresas de la región.
No es de extrañarse dicha reacción, pues aunque todavía falta que el Congreso apruebe la iniciativa y conocer cómo quedará la ley en su redacción final, la misma podría atentar contra las utilidades que las autoridades obtienen en este tipo de obras, y en cualquier otra, cuyo costo se infla notoriamente, amén de otras ganancias por la utilización de materiales de segunda o en cantidades menores a la especificadas.
El resultado de todo ello ya lo conocemos, y también lo sufrimos, mientras las autoridades siguen obteniendo utilidades en los montos que gastan posteriormente en bacheo, reparaciones, adecuaciones, cambios, etc., etc.
Una cosa es segura: si actuaran con honestidad, el sobreprecio en los presupuestos originales lo podrían utilizar para ampliar metas y hacer mucho más con el mismo dinero.
